2 de diciembre de 2017
La necesidad del cementerio [del griego koimeterion (dormitorio)]
El acto de enterrar a los muertos se remonta a los orígenes del hombre, y para ello se disponía de los emplazamientos según el criterio de los allegados, hasta el punto de que, en la antigua Roma se llegaban a efectuar en el interior de las viviendas.
En nuestro país, hasta finales del siglo XVIII, los enterramientos comunes se efectuaban en fosas de tierra dentro de los núcleos urbanos, en lugares más o menos concretos, pero sin criterios establecidos de ventilación, profundidad o sin tener en cuenta una posible contaminación de fuentes, manantiales o cultivos cercanos. Eran una excepción las personas del mundo eclesiástico y las de una cierta relevancia social, ya que estaba reservado para ellos el interior de los templos y monasterios.
Lógicamente, era un foco extraordinariamente propicio para la proliferación de enfermedades e infecciones y ya, con la aparición de la fiebre amarilla se hizo necesario cambiar esta costumbre, aún con el rechazo de las clases sociales acomodadas, que veían en ello la supresión de los privilegios que gozaban hasta entonces.
Era el año 1773, cuando Carlos III iniciaba la redacción de unas normas muy precarias. Sin embargo, ya estaba asentando las bases para la promulgación de la Cédula Real en 1787, en la que obligaba a construir unos recintos al aire libre, con ventilación suficiente y estableciendo una serie de protocolos de gestión. Este hecho fue el nacimiento de los cementerios modernos, tal y como los conocemos hoy día.
Evidentemente, suponía una carga económica importante para las arcas públicas y, añadido al rechazo de las clases altas, el problema aumentaba considerablemente. Incluso la Iglesia dejaba de percibir los ingresos que le proporcionaban los entierros dentro de los templos. Entre unos y otros, fue pasando el tiempo y no llegaban los acuerdos necesarios para cumplir la ley establecida, al menos con la celeridad que la situación requería.
Carlos IV dictó varias medidas para activar las nuevas construcciones, y en el Reglamento del 8 de abril de 1833 se determinaba definitivamente “que los cementerios sean construidos con fondos municipales aunque su custodia seguirá correspondiendo a las autoridades eclesiásticas”.
La primera construcción realizada y financiada por el erario público, fue el Cementerio del Real Sitio de San Ildefonso, lugar elegido por su cercanía a la corte.
Silvia Blanco y Luis Cué
